BONOS SUBORDINADOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES DEL BANCO POPULAR

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Introducción

El 25 de Noviembre de 2015 llegó la fecha en que miles de tenedores de bonos convertibles del Banco Popular se han visto afectados por pérdidas de aproximadamente el 80% de su inversión inicial, ya que el valor de conversión del producto se fijó en 17,88 €, mientras el valor actual de las acciones es de 3,31 € (a 25 de noviembrde 2015).

El Banco Popular emitió, en el año 2009, 700 millones de euros en bonos con una atractiva remuneración (7%). Sin embargo, no informó  a los clientes de los elevados riesgos que conllevaba este producto. Además, vendieron el producto como “renta fija” cuando no lo era.

En un principio, el canje debía realizarse  en octubre de 2013, pero debido a la  espectacular caída del valor de la acción se pospuso hasta noviembre de 2015, aunque esto tampoco ha conseguido que se amortigüe la pérdida, al contrario, la ha aumentado considerablemente.

Comercialización de los bonos

Estos bonos fueron vendidos  por la red de comerciales del banco, aprovechando cualquier visita del cliente o incluso llamándoles por teléfono para convencerles e insistiendo en su elevada rentabilidad. Y se hizo indiscriminadamente a todo tipo de clientela, sin evaluar, en la mayoría de los casos, sus conocimientos y experiencia financiera, situación económica, expectativas y necesidades.

Así, se ha vendido principalmente a ahorradores sin ninguna experiencia y muy conservadores, que nunca antes habían hecho una inversión en productos de riesgo.

No se informó correctamente sobre la naturaleza jurídica y financiera del producto. De hecho, se vendió como un producto de renta fija y elevada rentabilidad sin riesgo de pérdida de capital.

No hubo advertencias sobre la complejidad y riesgos del producto, que lo hacen sólo apto para clientes con conocimientos financieros avanzados.

Naturaleza del producto

El funcionamiento de este producto es, en apariencia, sencillo. (Ver el apartado funcionamiento de los bonos).

Durante un tiempo se garantiza a los clientes una rentabilidad determinada. Superado este periodo, los bonos se transforman en acciones con un precio previamente estipulado.

Nadie podía  imaginar que la cotización de las acciones de la entidad caería en picado desde los 17,88 € en que se fijó el precio de venta en septiembre de 2009 hasta los actuales 3,31 € (a 25 de noviembre de 2015).

Bueno, en realidad el banco sí podía preverlo, y de ahí que el producto sea tan desequilibrado y no tan sencillo como pudiera aparentar.

Efectivamente, el Banco Popular emitió un producto con el que, en ningún caso podría perder, pero sus clientes sí. Así, para el escenario de que las acciones bajaran (como sucedió), el banco se aseguraba cobrar el precio prefijado de la acción y para el caso de que las acciones subieran, teniendo que pagar los clientes, el banco también habría ganado, porque su valor en bolsa sería superior.

Funcionamiento de los bonos

Tanto los bonos comercializados en 2009 como los que se emitieron en 2012, son productos estructurados compuestos que incluyen derivados implícitos, es decir, estamos hablando de productos financieros complejos, apropiados sólo para expertos inversores financieros.

Así, aunque se comercializaron como “renta fija”,  no son productos equivalentes a un depósito a plazo fijo, ya que  el capital invertido no está garantizado. De hecho, ni siquiera se trata de obligaciones convertibles.

En este sentido, se debe tener en cuenta, que el que unas obligaciones sean “convertibles” debe ser un elemento positivo para el cliente porque permiten al titular ejercitar la opción de conversión en una o más fechas establecidas, o bien esperar a amortizarlos en efectivo a la fecha de vencimiento (a su elección), sabiendo que, como mínimo, su valor será el de otros bonos simples del mismo emisor.

Por el contrario, en los bonos “necesariamente convertibles” el titular no puede renunciar al canje, que se realizará en la fecha o fechas previstas en el folleto de acuerdo con la ecuación establecida a la mejor conveniencia del banco y, por tanto, en perjuicio del cliente.

Esto se debe a la opción de venta “put” a la que el inversor está expuesto a vencimiento, lo que comúnmente se conoce como instrumento derivado financiero. Así, como consecuencia de la adquisición de los productos, los clientes vendieron al banco, el derecho de vender (opción de venta o “put”) en el momento del vencimiento de cada producto (octubre de 2013 y noviembre de 2015) un activo subyacente (las acciones del Banco Popular) a un precio determinado, del que muchos clientes no fueron informados.

En conclusión, en contra de la inicial apariencia creada en la comercialización del producto, se trata de un producto financiero complejo, no apto para inversores conservadores, sino al contrario más propios de grandes fondos de inversión o experimentados inversores financieros.

Por otro lado, al contratar el producto, el precio de partida que tenían las acciones era de 6,94 €, pero el banco, aplicando una serie de mecanismos antidilución, ha conseguido fijar el precio del canje en 17,88 €, aumentando así, el perjuicio de los inversores.

Criterio de los Tribunales Españoles

Afortunadamente, los Tribunales han empezado a pronunciarse en sentido favorable, estimando demandas de los inversores y obligando a las partes a restituirse las prestaciones, más los intereses legales devengados, con expresa condena en costas a la entidad demandada.

Los Juzgados españoles están declarando la nulidad de la orden de compra por error en el consentimiento, estableciendo la restitución recíproca de las prestaciones de las partes, condenando además a la entidad demandada a abonar el importe de los intereses legales devengados, con imposición de costas.

Consecuencias

El momento de conversión obligatoria ha llegado, y miles de ahorradores se han visto obligados a comprar acciones a un precio de 17,88 €, cuando su valor de mercado es 3,31 € (a 25 de noviembre de 2015). La devaluación de la inversión supera en 80%. Incluso si se descontara el dinero percibido por intereses, la pérdida sería superior al  40 %.

En nuestra opinión, existen bases sólidas para reclamar judicialmente la nulidad.

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