Legitimación Pasiva del Banco

La falta de legitimación pasiva del banco es una de las excepciones más recurrentes de las planteadas por las entidades financieras en los pleitos sobre comercialización de productos bancarios.

Para argumentar la falta de legitimación pasiva del banco alegan que su actividad fue de “simples meras mediadoras” en la comercialización de los productos emitidos por otras entidades que, a su parecer, deben ser las demandadas.

En otras palabras, distinguen entre aquellas Entidades Emisoras de los productos (participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, bonos estructurados, etc) y aquellas Entidades Comercializadoras del producto entre sus clientes consumidores y minoristas, mediante recomendaciones personalizadas e insistentes técnicas comerciales.

Sin embargo, la relación contractual de los procedimientos incoados en defensa de los consumidores que invirtieron en productos financieros complejos no alcanza a las entidades emisoras de los mismos, afecta a las entidades comercializadoras, puesto que fueron éstas, y no aquellos, las que incumplieron sus obligaciones legales y contractuales de información a los clientes.

En estos procedimientos se demanda a las entidades bancarias comercializadoras que vendieron los productos objeto de la reclamación.

Los consumidores y minoristas ejercitan acciones de naturaleza contractual:

  1. La acción de nulidad o anulabilidad de los contratos de suscripción por vicio en el consentimiento prestado por error o dolo.
  2. La resolución y responsabilidad contractual, por la falta de información debida, conforme a la legislación vigente.

Estas acciones se dirigen frente a las Entidades Bancarias con las que contrataron los consumidores y minoristas que adquirieron  los productos objeto del litigio, contratos en los que las Entidades Emisoras son completamente ajenas, debido a que los vicios o la falta de cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de información surgen consecuencia de un contrato suscrito entre la Entidad Comercializadora y el cliente minorista, con independencia de las relaciones contractuales entre la Entidad Emisora y la Entidad Comercializadora.

Los procedimientos no tienen por objeto cuestionar la validez de los productos financieros adquiridos, sino la inadecuada comercialización de dichos productos por las Entidades.

En este sentido se pronuncian multitud de sentencias dictadas en casos similares, en las que se ha declarado bien la nulidad de los contratos de intermediación en la compra de valores o bien la indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales de diligencia, lealtad e información de la Entidad Comercializadora, sin necesidad de que las Entidades Emisoras de los productos fueran partes demandadas.

En conclusión, la Entidad Comercializadora del producto financiero es quien debe responder por la defectuosa información ofrecida a los clientes, y la que tendrá que hacer frente a las reclamaciones de nulidad de los contratos de adquisición de instrumentos financieros complejos, con los efectos restitutorios que le son propios, no pudiendo alegar la la excepción de legitimación pasiva del Banco.