PARTICIPACIONES PREFERENTES Y OBLIGACIONES SUBORDINADAS:

PRODUCTOS DE ALTO RIESGO QUE NUNCA DEBIERON COMERCIALIZAR

¿Por qué debe reclamarse?

En los contratos de adquisición de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, debemos partir de la presunción del correcto consentimiento del cliente. Pero, la experiencia nos está demostrando que, en realidad, existe error en el consentimiento en los clientes de las entidades financieras que comercializaron este tipo de productos de altísimo riesgo.

En su día firmé el test de idoneidad y conveniencia, ¿afecta esto a mi derecho a reclamar?

El Tribunal Supremo no equipara el vicio en el consentimiento al incumplimiento de la obligación de someter al cliente a los test de idoneidad y conveniencia. Pero sí dota al incumplimiento de la obligación de relevancia, analizando si el consentimiento contractual prestado estuvo viciado por error esencial y excusable. Por lo tanto, considera que la ausencia de tests no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo.

Así, el error en el consentimiento en la adquisición de participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, se presume ya que en muchas ocasiones no se realizó a los clientes ningún test de conveniencia o idoneidad a pesar de encontrarnos en un contexto de comercialización de un producto financiero complejo.

También es cierto que tal presunción no pueda quedar desvirtuada por el resto de pruebas, como los documentos contractuales. Sin embargo, en ocasiones, a la vista de las evidencias, no es posible desvirtuar el error en la contratación por parte del Cliente.

¿Realmente me informaron de los riesgos?

Podemos comprobar cómo en la contratación de las participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, algunas entidades incumplieron la normativa ya que no informaron a sus Clientes acerca de los riesgos inherentes a este tipo de productos, tales como:

  • que el capital no estaba garantizado. Si se quería recuperar la inversión había que ponerlas en venta en un mercado secundario, lo cual dificultaba la recuperación del capital inicial invertido.
  • que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) no cubría las participaciones preferentes u obligaciones subordinadas, lo que supone que si las entidades financieras que comercializaron estos productos hubieran quebrado, el cliente hubiera perdido su inversión.
  • que tenían muy baja liquidez. Al tener carácter perpetuo, si el cliente deseaba recuperar la inversión tendría que haber acudido al mercado secundario para venderlas, lo cual suponía un procedimiento complejo que podía llegar a demorarse en el tiempo. Por lo tanto, el cliente no podría retirar su dinero con carácter inmediato.

Si los Clientes hubiesen sido convenientemente informados de dichos riesgos, es imposible asumir que hubiesen optado por contratar participaciones preferentes u obligaciones subordinadas.

Los clientes de preferentes y subordinadas nunca entendieron los riesgos

Lo anterior contribuye a desvirtuar la idea de que los Clientes conocían la naturaleza y funcionamiento de este tipo de productos, totalmente desaconsejables para un ciudadano medio no experto en finanzas, lo cual nos hace pensar que los clientes que contrataron participaciones preferentes u obligaciones subordinadas incurrieron en un grave error en el consentimiento (no sabían lo que realmente estaban contratando).

Los clientes creían contratar depósitos a plazo fijo, adecuados a su perfil. No sabían que estaban contratando un híbrido financiero altamente complejo y de elevadísimo riesgo. Esta situación sólo es asumible por profesionales y expertos en finanzas, con conocimientos y medios para seguir la operación.

Exigir al Cliente preguntar todo lo que desconoce en una relación de confianza, supone desconocer la realidad de los productos de inversión, cada vez más complejos. No es el Cliente quien asume la carga de preguntar, sino el Banco quien tiene la obligación legal de informar. Dicho mecanismo serviría para superar la desigualdad de información entre las partes. Consecuentemente, es lógico presumir el error en el consentimiento en la contratación de participaciones preferentes y obligaciones subordinada.

¿Solución? Acudir a los tribunales

Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento jurídico. Confió en la información que le suministraba el empleado de su entidad habitual, quien estaba legalmente obligado a ofrecer un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de su cliente a la hora de suministrarle información sobre el producto que iba a contratar, situación que en la comercialización de preferentes y subordinadas nunca llegó a producirse.

Loleta Linares

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